El mundo de las criptomonedas en Venezuela, muy activo por la búsqueda de refugio ante la inflación y el bajo costo de la electricidad necesaria para operar con estos activos, se ve sacudido por un escándalo de corrupción que tiene su epicentro en la petrolera PDVSA.
El gobierno de Nicolás Maduro apostó fuerte por los criptoactivos como vía para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela, e incluso lanzó en 2018 una criptomoneda estatal, el petro.
Las cosas, sin embargo, dieron un giro: la estatal Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) quedó enredada en un escándalo de corrupción en PDVSA y otras empresas e institiciones estatales. La trama ha dejado decenas de funcionarios detenidos y derivó en la renuncia del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
– El caso –
Tras denuncias de la fiscalía, de irregularidades en el manejo de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos, el presidente de la superintendencia, Joselit Ramírez, fue arrestado en marzo, al igual que el jefe de operaciones de minería digital de la institución, Rajiv Mosqueda.
Inversores en criptomonedas aseguran que, en medio de las investigaciones, múltiples órdenes de apagar granjas de minería digital (centros donde se producen estos activos) y exchanges (plataformas de intercambio de criptos) han paralizado el ecosistema local.
La AFP consultó con fuentes judiciales sobre el número de granjas y exchanges afectados, sin respuesta hasta el momento.
“Están torpedeando la minería. Averigüen lo que tengan que averiguar, ¿pero por qué tienen que apagar todo?”, se preguntó en diálogo con la AFP Humberto Quevedo, directivo de la privada Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP) y de la plataforma especializada CryptoLand Venezuela, quien pide mayor “transparencia” de parte de las autoridades.
“¿Tú tienes un problema y tu solución es agarrar una ametralladora y matar a todo el mundo?”, cuestiona Quevedo.
La Superintendencia de Criptoactivos está ahora bajo control de una junta interventora, pero su sede permanece cerrada desde la detención de Ramírez. Incluso las letras metálicas plateadas del cartel de ‘SUNACRIP’ a las puertas del edificio en el centro de Caracas fueron retiradas, constató la AFP.
El uso de criptomonedas era alto en Venezuela mucho antes de la apuesta de Maduro por el petro. Estos criptoactivos fueron vistos como refugio frente a una inflación crónica y la constante depreciación de la moneda local, el bolívar.
Según una encuesta presentada el año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, un 10,3% de la población venezolana posee ‘criptos’, frente a 8,3% en Estados Unidos y 5% en el Reino Unido.
