El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el viernes la violencia en Nicaragua y “en particular el asesinato de varios manifestantes” en protestas antigubernamentales en Managua el 30 de mayo.
Las protestas del miércoles contra el gobierno de Daniel Ortega dejaron al menos 16 muertos, y los fallecidos alcanzan ya más de un centenar desde las primeras manifestaciones del 18 de abril.
Decenas de miles de nicaragüenses que marchaban el miércoles de noche en apoyo a a las madres que han perdido a sus hijos en las protestas fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de dispersarlos a balazos.
La matanza motivó una enérgica respuesta internacional.
Guterres instó al gobierno de Ortega “a garantizar la protección y la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos”.
El jefe de la ONU celebró la creación de un panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la violencia.
También pidió al gobierno nicaragüense que otorgue luz verde a las solicitudes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para visitar el país.
Los manifestantes piden la renuncia de Ortega y adelantar las elecciones, mientras el gobierno exige el fin de las protestas y denuncia una conspiración para asestar un golpe de Estado.
El diálogo entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a la crisis se encuentra suspendido desde el 23 de mayo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua que actuaba de mediadora anunció que no reanudará el diálogo mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado”.
Ortega, exlíder guerrillero de la revolución sandinista, ostentó la presidencia de Nicaragua desde 1979 hasta 1990, y volvió al cargo en 2007. Su esposa, Rosario Murillo, es vicepresidenta y varios de los hijos de la pareja tienen cargos estratégicos
