Estados Unidos anunció este miércoles que levanta temporalmente las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela como recompensa por el acuerdo con la oposición, pero pide el fin de las inhabilitaciones de políticos y la liberación de los presos políticos.
Washington había prometido que levantaría las sanciones si Caracas daba pasos concretos a favor de elecciones transparentes en 2024 y cumplió, pero con condiciones.
Este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una licencia de seis meses que “autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela” y que solo se renovará si Caracas cumple con sus compromisos.
El embargo petrolero estaba vigente desde abril de 2019 y limitaba la comercialización, vital para la economía del país.
Una segunda licencia autoriza transacciones con Minerven, la empresa minera de oro estatal venezolana, para, según el Tesoro, “reducir el comercio de oro en el mercado negro”.
Además se modificaron dos licencias “para eliminar la prohibición de negociación secundaria” de ciertos bonos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero sigue estando prohibido negociar en el mercado primario.
En el Palacio de Miraflores, Maduro expresó su satisfacción por las medidas que llegaron tras meses de negociaciones entre bastidores, sobre todo por la tensión de los precios del petróleo como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania.
– “Primer paso” –
Con estos acuerdos Venezuela “entra con fuerza al mercado petrolero y gasífero nuevamente, de manera progresiva”, afirmó.
El mandatario venezolano estima que “se está dando el primer paso en la dirección correcta para el levantamiento progresivo y sostenido de todas las sanciones” impuestas a Venezuela por Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta.
El levantamiento parcial llega gracias al acuerdo alcanzado el martes en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana, que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, considera “un paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela”.
Pero no es definitivo. Washington “tomará medidas si no se cumplen los compromisos”, advirtió en un comunicado.
Por de pronto el resto de las sanciones impuestas por Estados Unidos al país como parte de una cruzada internacional para fomentar la dimisión de Maduro “siguen vigentes”.
La hoja de ruta estipula que las próximas elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024 con la presencia de observadores internacionales, pero deja sin resolver el tema de las inhabilitaciones políticas.
De modo que María Corina Machado, la favorita para ganar las primarias de la oposición el domingo, no podría formalizar su candidatura contra Maduro pues sobre ella pesa una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años.
– “Presos” –
Estados Unidos entiende que Venezuela tomará una serie de medidas “antes de finales de noviembre”, como “definir un calendario y un proceso específicos para la habilitación acelerada de todos los candidatos”, señala Blinken.
“Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”, añade. “El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos adoptado”.
Además Washington confía en que el gobierno venezolano comience a liberar a “todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente” en el país.
La noche del miércoles, casi madrugada del jueves, las autoridades liberaron a cinco “presos políticos”, incluido el exdiputado Juan Requesens, condenado por un intento de magnicidio contra Maduro en 2018, y Roland Carreño, un excolaborador de Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, que le reconoció hasta enero como presidente de Venezuela.
Hasta el 10 de octubre había 273 presos políticos, según la ONG Foro Penal.
El gobierno de Joe Biden cambió la política de máxima presión para apartar a Maduro del poder por un enfoque pragmático, con idas y venidas de altos cargos gubernamentales a Caracas desde 2022, y por usar las sanciones como moneda de cambio para presionar a Maduro.
La tensión parece haber amainado. Prueba de ello, este miércoles el líder chavista invitó a viajar al país a Francisco Palmieri, jefe de la misión diplomática para Venezuela, radicada en Colombia desde 2019 debido a la ruptura de relaciones entre Washington y Caracas.
“Lo espero pronto aquí en el palacio de Miraflores”, dijo refiriéndose a Palmieri, en un tono conciliador.
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