Diez militares retirados admitirán este martes su responsabilidad en la ejecución de más de cien civiles en Colombia que presentaron como guerrilleros caídos en combate, en un inédito reconocimiento ante los familiares de las víctimas.
En la audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados harán su primer reconocimiento público por desaparecer a 120 jóvenes en esta y otras poblaciones para luego asesinarlos a sangre fría.
El tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016 escuchará el relato de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia conocido como “falsos positivos”.
Los comparecientes “reconocerán ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad” por los actos que cometieron entre 2007 y 2008, informó la JEP, que los había imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En la mañana de este martes, decenas de personas llegaban a un teatro universitario en Ocaña dispuesto para la histórica audiencia.
Los exmilitares van a “profundizar, exponer más claramente, responder las preguntas y sobre todo (van) a reconocer responsabilidad en vivo y en directo, de cara a las víctimas y al país”, dijo la magistrada Catalina Díaz, minutos antes de comenzar la audiencia.
La JEP determinó que Ocaña fue escenario de una práctica atroz ideada en un batallón ubicado en la entrada del pueblo de unos 100.000 habitantes, y motivada por una “política institucional del ejército de conteo de cuerpos” para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.
De acuerdo al tribunal más de 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008 tras ser llevados con engaños a zonas alejadas de donde vivían.
El Catatumbo, como se le conoce a esta región, es el lugar del mundo con más sembradíos de hoja de coca.
La mayoría de ‘falsos positivos’ ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que siempre ha sostenido que se trató de actos aislados.
Surgido del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, este tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto de más de medio siglo que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.
El pacto negociado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.
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